La cena del exdirector de Pemex le puede traer mucho más riesgos de los que piensa

De acuerdo con expertos en impunidad y justicia, el hecho de que Emilio Lozoya salga a cenar a un restaurante lujoso puede ser indignante, pero no es ilegal, ya que el exdirector de Pemex tiene un acuerdo con la Fiscalía General de la República. El problema, señalan, es que hasta el momento la investigación en el caso de corrupción no avanza y no hay ninguna acusación abierta contra algún exfuncionario de alto rango o expresidentes


Ricardo Anaya, Luis Videgaray, Francisco Domínguez Servién y Jorge Luis Lavalle forman parte del grupo de 70 personajes involucrados en presuntos actos de corrupción fraguados y ejecutados en los dos últimos sexenios en la trama de sobornos de Odebrecht, según la denuncia del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin.

Lozoya Austin está hoy en la mira no sólo porque sus acusaciones han sido negadas por los señalados, sino también porque fue captado cenando en un restaurante lujoso de la Ciudad de México a pesar de que tiene un proceso judicial en curso.

Este fin de semana la columnista Lourdes Mendoza difundió unas fotografías de Lozoya, quien lleva su proceso en libertad gracias a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), en un restaurante de la exclusiva zona de Lomas de Reforma de la Ciudad de México que causaron indignación tanto en la clase política opositora como dentro del propio Gobierno federal; incluso el Presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este suceso como un acto "legal, pero inmoral".

"Yo tengo confianza en el Fiscal Alejandro Gertz Manero", afirmó el mandatario esta mañana durante su conferencia. "Espero que alcance el tiempo y que todo esto se aclare y se haga justicia. Desde luego que, como todos los mexicanos, tiene que haber justicia pronta, expedita, pero yo espero que la Fiscalía informe cómo va el juicio y también que se analice la importancia que tiene la transparencia y que se le dé, si no mayor peso, el mismo que el del llamado "debido proceso". Desde que se inventó eso ya no se puede informar al pueblo y todo se maneja en sigilo".

De acuerdo con expertos en impunidad y justicia, el hecho de que Lozoya salga a cenar a un restaurante lujoso puede ser indignante, pero no es ilegal, ya que el exdirector de Pemex tiene un acuerdo con la Fiscalía a cargo de Gertz Manero, quien este día en medio del escándalo emitió un comunicado donde aseguró que "Emilio "L" sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan el 3 de noviembre, según el acuerdo del Juez de Control del Reclusorio Norte que lleva el caso".

"El problema con la salida de Lozoya a un restaurante no está en lo moral, el problema está en el uso arbitrario de este beneficio legal", consideró el doctor Daniel Vázquez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). "Por un lado tienes a Lozoya en una investigación que no avanza, donde no hay ninguna red desmantelada, ninguna acusación abierta y ahí lo que genera ruido es que él no está dando información útil para armar una buena carpeta de investigación. Por otro lado tenemos los casos de Rosario Robles y los académicos del Conacyt, donde la FGR usa recursos para tratar de imputarles delitos".

Para los expertos, la indignación que generó la salida de Lozoya a un restaurante de lujo tiene que ver con el tema de la impunidad en los casos de corrupción, donde la víctima directa es la sociedad.

"Más allá de que le cambiaran el trato a Lozoya la Fiscalía tendría que analizar si esa medida cautelar fue adecuada y pertinente, porque cada vez que la FGR solicita una medida cautelar tiene que prever dos cosas: que esa medida sea idónea y adecuada. Es decir, que no generen actos de violencia para las víctimas, que en este caso es la sociedad, y que la persona imputada no se dé a la fuga", explicó Leslie Jiménez Urzúa, coordinadora de proyectos de Impunidad Cero.

El Fiscal Alejandro Gertz Manero se encuentra en la mira luego de que Lozoya fue captado en un restaurante de lujo. Foto: Cuartoscuro.
Los analistas consideran que el trabajo de la Fiscalía en este caso evidencia que en México la justicia es clasista y racista, además de la falta de rendición de cuentas.

"Se supone que a la FGR se le dotó de autonomía y de mecanismos de control, como el plan de persecución penal y presentación de informes, y eso es lo que no hemos tenido. Lo que nos hace falta es una rendición de cuentas por parte de la Fiscalía, no sabemos cuáles son sus prioridades de investigación, qué tipo de fenómeno va a priorizar", detalló Daniel Vázquez de la UNAM. "La Fiscalía tiene que verificar que la información que le dé Lozoya sea cierta y debe generar otros mecanismos de prueba. Me parece que la Fiscalía está esperando a que alguien más le haga su chamba".

LA DENUNCIA DE LOZOYA

Luego de ser extraditado desde España el año pasado, el exdirector de Pemex denunció a sus "socios y encubridores" y aportó "diversas pruebas que se han ido desahogando; lo que permitió judicializar a un primer grupo de legisladores quienes presuntamente recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht.

Después de la denuncia, realizada el 11 de agosto de 2020, Lozoya solicitó el criterio de oportunidad, una figura jurídica que le permite beneficios procesales a cambio de colaborar con la justicia.

El que fuera director de Pemex entre 2012 y 2016, acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de contratos, cerró un acuerdo con la FGR mediante el cual delató a buena parte de la élite política mexicana a cambio de afrontar su proceso en libertad.

Las 63 páginas de la denuncia de Lozoya bañan de suciedad a varias generaciones de políticos quienes participaron en sobornos para avalar las reformas estructurales del sexenio de Enrique Peña Nieto y favorecer con supuestos contratos ventajosos a empresas como Grupo Higa (de Juan Armando Hinojosa Cantú), Braskem (filial de Odebrecht) y Altos Hornos de México (AHMSA), esta última del empresario Alonso Ancira, quien goza de un amparo contra la orden de aprehensión por el delito de lavado de dinero.

La denuncia de Lozoya, producto de un recurso legal para colaborar con el esclarecimiento de los casos de corrupción en México, está dividida en 10 subtemas que incluyen:

?Caso Odebrecht y financiamiento de campañas del PRI.
?Planeación para la aprobación y compra de votos de las reformas estructurales.
?Etileno XXI-Etapa de Felipe Calderón.
?Etileno XXI- Etapa de transición de Gobierno y comienzo de la Presidencia de Enrique Peña.
?Recursos adicionales para sobornar al PAN, diferentes a los de Odebrecht, pero con el mismo propósito.
?Otros hechos que reflejan el uso indebido del poder y tráfico de influencias.
?Pagos de votos y favores vía empresas privadas.
?Gestión de contratos por Carlos Salinas de Gortari y robo de combustible.
?Etileno XXI: pacto transexenal.
?Caso Agronitrogenados.

LOS INVOLUCRADOS NIEGAN ACUSACIONES

Algunos de los 70 involucrados en la demanda de Lozoya han negado categóricamente estar relacionados en presuntos actos de corrupción, como es el caso de Luis Videgaray Caso, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores en el sexenio pasado y quien es mencionado en todo el documento por encabezar, junto con el expresidente Peña Nieto, la operación de sobornos para financiar campañas y aprobar reformas.

En el documento, el exjefe de Pemex aseguró que Peña Nieto y Luis Videgaray le instruyeron reunirse con Luis Weyll, exrepresentante de Odebrecht en México, para pedirle 6 millones de dólares para la campaña presidencial de 2012.

"Le dije a Luis Weyll que esa petición venía directamente del entonces candidato Enrique Peña Nieto y que Odebrecht se vería beneficiado cuando ganare. Él me dijo que lo veía bien e incluso hablamos de que en cuanto ganara Peña Nieto iría a ver a Marcelo Odebrecht personalmente", afirmó Lozoya en la demanda.

Luego de esta demanda, que se hizo pública en agosto del año pasado, Luis Videgaray Caso rompió el largo silencio durante su retiro político en Estados Unidos, donde es académico en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y se dijo listo para atender el llamado de la autoridad para esclarecer la verdad porque no permitirá que por "venganza política" se le difame.

"Las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos", escribió en una carta publicada el 20 de agosto de 2020. "Es ampliamente sabido que tuvimos una mala relación personal, resultado de su mal manejo financiero de Pemex, de lo que él pretendía hacer con la Reforma Energética y de su conducta como servidor público".

Además, Lozoya acusó a Peña Nieto y Videgaray de pedirle usar parte del dinero para comprar votos de legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) a favor de la Reforma Energética de 2013, que abrió el sector a la iniciativa privada.

En la denuncia, Lozoya nombró a los entonces senadores Ernesto Cordero Arroyo, Jorge Luis Lavalle (preso en el Reclusorio Norte), Salvador Vega, Francisco Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca (investigado por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal).

Todos ellos negaron las acusaciones en su momento.

Lozoya también señaló a Ricardo Anaya Cortés, exdiputado federal, exdirigente del PAN y excandidato presidencial en 2018.

"Quiero aclarar que no se trató de una negociación, sino que claramente fue una extorsión ejercida por parte de ellos hacia mi persona con la finalidad de que se aprobaran las reformas estructurales influenciadas por Odebrecht y otras empresas extranjeras", aseveró Lozoya.

El exjefe de Pemex indicó que Videgaray le instruyó darle 6.8 millones de pesos a Anaya para sus aspiraciones políticas en Querétaro.

En respuesta, Ricardo Anaya Cortés pasó de las palabras a los hechos y en 2020 presentó una denuncia contra Lozoya Austin por daño moral ya que, aseguró, es falso que "Osiris Hernández" recibió casi 7 millones de pesos en el estacionamiento de la Cámara de Diputados en el marco de la aprobación de la Reforma Energética que abrió la puerta a la inversión extranjera. "La verdad está de mi lado", dijo en un tuit acompañado de la copia de la denuncia.

En total, afirmó Lozoya en su denuncia, el grupo de legisladores del PAN recibió 80 millones de pesos entre 2013 y 2014 por medio de un asesor de nombre Rafael Caraveo Opengo, quien apareció en un video filtrado esta semana junto con Guillermo Gutiérrez recibiendo paquetes de dinero de un presunto colaborador de Pemex.

Además, acusó al exsenador Miguel Barbosa, actual Gobernador de Puebla por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de traficar influencias a favor de su hermano que trabajaba en Pemex.

Lozoya agregó que el operador en el tema de los presuntos sobornos fue el priista David Penchyna, entonces presidente de la Comisión de Energía y quien también ha rechazo las acusaciones.

En el documento Lozoya habla de la influencia que ejerció en México la constructora brasileña Odebrecht, la cual inició en la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa con un contrato de la planta petroquímica Etileno XXI.

Según Lozoya, José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Energía durante el sexenio de Calderón, intervino, junto a José Antonio González Anaya, para que se otorgaran condiciones fuera de lo normal en las ventas de etano que Petróleos Mexicanos acordó con Braskem.

"El negocio que hicieron los brasileños es que Pemex le vendiera a Braskem el etano, ya que Pemex era el único proveedor, pero le hacían un descuento inexplicable de 25 por ciento sobre el precio del mercado, lo que hacía super desventajosa la posición de Pemex", señaló Lozoya.

Lozoya aseguró que los exdirectivos de Pemex José Antonio González Anaya y Carlos Treviño Medina apoyaron el contrato de Etileno XXI.

Ante los señalamientos, el exsecretario y excandidato presidencial José Antonio Meade Kuribreña tuiteó que las acusaciones de su excompañero de gabinete carecen de pruebas. "Seré respetuoso de las investigaciones. Anticipé a la autoridad que estoy formalmente localizable. No habré de abonar a escándalos mediáticos", escribió y dio retuit al mensaje del extitular de Pemex y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), José Antonio González Anaya. "No participé en la aprobación de la Reforma Energética, ni en la contratación de Etileno XXI, ni en la compra de Agronitrogenados", escribió el concuño del expresidente Salinas de Gortari.

Por Guadalupe Fuentes López | Sin Embargo

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